Los cazadores que utilicen carros para el transporte de perros y hurones no tendrán que registrarlos y, en consecuencia, tener que abonar una licencia, como obligaba un real decreto que ha sido modificado y que supone un alivio para los practicantes de la cinegética, muchos asfixiados por el alto coste que conlleva la práctica de su deporte favorito.
29/04/2009 | La Provincia, Diario de Las Palmas | V. R.
La Federación Canaria de Caza, ante la alarma provocada con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Decreto 24/2009, de 3 de marzo, se hizo eco de la preocupación suscitada entre los cazadores, lo que a su entender "representaba una serie de trámites engorrosos para el colectivo".
En dicho decreto, el Gobierno canario se basaba en el Real Decreto 751/2006, que obligaba a registrar ante la Consejería de Agricultura el carro de transporte si se llevaban seis o más animales entre perros y hurones, artículo que fue modificado y que ya está en vigor tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado número 74.
El Real Decreto 751/2006 de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transportes de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción en lo que afecta a los cazadores, queda modificado como sigue:
El artículo 6.4 se sustituye por el siguiente: "Deberán registrarse los contenedores y medios de transporte utilizados para el transporte de perros, gatos o hurones cuando el transporte se realice en relación con una actividad económica, incluida la cría de animales para su venta, o con ánimo de lucro".
Según explica la Federación Canaria de Caza, que preside José Enrique Sánchez, "como quiera que la caza no se trata de una actividad lucrativa para sus practicantes, sino que, al contrario, se entendía que no debían estar en esta norma ni la actividad de la caza ni el transporte de los animales usados para ello".
Por ello el Gobierno de Canarias, según informa Marcelino Umpiérrez, director general de Ganadería, ya realiza los trámites para adaptar el contenido del decreto publicado en marzo a la legislación estatal ya modificada, por la aprobación realizada en el Consejo de Ministros.